Usuarios, activistas y votantes

La primera campaña electoral de la economía on demand sucedió en noviembre de 2015 en San Francisco.

San Francisco tuvo el primer referéndum sobre la economía compartida. En discusión estaba una medida que afectaba directamente al servicio Airbnb. Quedó claro que las empresas digitales ya están mostrando los dientes.

Desde Santa Cruz, California, 24 de diciembre de 2015

La economía on demand ya llegó a las urnas. Y ganó su primera batalla.

Los votantes de San Francisco rechazaron a inicios de noviembre en un referéndum la Proposición F, que buscaba limitar la cantidad de cuartos en viviendas privadas que se pueden alquilar por pocos días. Era un ataque directo a la plataforma de reservas online Airbnb. Y fue la versión electoral de un debate cada vez más fuerte sobre cómo regular la economía compartida.

Airbnb preocupa cada vez más a los hoteles: ya sirve para alquilar más de dos millones de cuartos en el mundo. En base al dinero que le han inyectado sus inversionistas, vale más —25.000 millones de dólares— que cadenas como Marriott o Hyatt, aunque no es dueña ni de una sola cama.

Los hoteles y sus trabajadores apoyaban la “Prop F” y también lo hacían grupos vecinales, preocupados porque el alojamiento de turistas en propiedades que se podrían alquilar está desplazando a los habitantes más pobres de San Francisco.

Pero esa postura no era unánime. Muchos sanfranciscanos de clase media hoy dependen de alquilar cuartos para completar sus ingresos. Airbnb donó 8 millones de dólares a la campaña del “No”, e incluso lanzó una serie de afiches en que sugería a las autoridades cómo usar los U$12 millones que paga al año en impuestos.

“No lo gasten todo en un solo lugar”, decía uno. “Pero si lo hacen, sugerimos burritos”, seguía otro. “Pongan escaleras eléctricas en todas las colinas”. “Pónganles monedas a todos los parquímetros vencidos”.

Los chistes, en una ciudad sensibilizada por la presunta arrogancia del dinero tech, cayeron pesados. La empresa bajó los carteles entre disculpas.

Eso sí, tras ganar en las urnas, Airbnb volvió a mostrar los dientes. Organizó una conferencia de prensa para celebrar la táctica de convertir a miles de anfitriones en activistas políticos. Prometió extenderla a otras 100 ciudades que debaten qué hacer con las leyes viejas que no regulan la economía nueva.

La conferencia la dio Chris Lehane, un veterano de los cuartos de guerra de la política estadounidense que supo trabajar codo a codo con Bill y luego Hillary Clinton. Ahora es el encargado de políticas públicas en Airbnb. No es coincidencia que Uber, otra empresa que enfrenta batallas políticas difíciles en muchos lugares, contratara hace poco a David Plouffe, ex estratega de campaña de Barack Obama.

“Lo que pasó en San Francisco está pasando en todo el mundo”, advirtió Lehane. Airbnb tiene cuatro millones de anfitriones y usuarios en Estados Unidos, agregó, lo que la pone al nivel de los grupos de interés más poderosos, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA) y los sindicatos de maestros. Sonó como una amenaza a otras ciudades.

Lo que Lehane ve es que las empresas de Silicon Valley, que quieren revolucionar el mundo al repensar industrias enteras —las hay para taxis, hoteles, limpieza y servicios domésticos, préstamos, viajes y más— van a protagonizar muchas peleas como esta. Uber ya enfrentó protestas de taxistas desde Ciudad de México hasta Berlín y El Cairo. Y los frentes de pelea son varios.

Airbnb, por ejemplo, ha tenido cuidado de no hacerse responsable de lo que pasa en las propiedades alquiladas, que nadie inspecciona. Se define como una comunidad de anfitriones y huéspedes, no como una empresa de hospedaje.

Esa distinción es clave a la luz de la historia que el periodista Zak Stone contó hace unos días en la revista digital Matter. Su papá murió en una casa alquilada por Airbnb: un columpio estaba colgado en una rama seca de un árbol, que le cayó en la cabeza.

“Aún hoy —escribió Stone—, cada propiedad nueva llega a Airbnb sin que haya una certificación”.

Puede ser una más de las batallas legales y políticas de la economía 2.0, que, por lo visto, apenas están empezando.

contacto