Diego Graglia, periodista

En México, la televisión suele ser el estrado donde desfilan presuntos culpables. No es de extrañar que ahora sea una película la que desnude las falencias del sistema judicial. Ni que sea un éxito de taquilla. Ni que haya sido prohibida por una jueza.

El documental Presunto culpable se convirtió en un éxito de taquilla porque mostraba lo arcaico e injusto que puede ser el sistema judicial penal mexicano. Pronto una jueza, impermeable a las paradojas, lo prohibió.

La orden tardó casi una semana en entrar en vigencia, enredada en la burocracia, y la suspensión duró apenas dos días, porque la revocación del fallo transitó más rápido. Mientras, el escándalo creado desató una avalancha de espectadores, que le dio al filme el último empujón para llegar a ser el documental más taquillero de la historia en México (y, por supuesto, un hit pirata). Presunto culpable incluso superó en audiencia a la ganadora del Oscar El discurso del rey, lanzada al mismo tiempo.

La jueza también ayudó, supongo que sin querer, al objetivo de la cinta: generar un debate nacional sobre un sistema de instrucción y enjuiciamiento obsoleto. Fue después de la polémica por la prohibición que el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, prometió instalar cámaras y micrófonos en los juzgados del D.F., algo que los propios cineastas le habían pedido por Twitter.

En Presunto culpable, dos abogados vueltos documentalistas, Roberto Hernández y Layda Negrete, consiguieron permiso para grabar el juicio al protagonista, José Antonio Zúñiga, “Toño”. Condenado a 20 años por homicidio sin evidencia física y sólo por causa de la declaración de un testigo, Toño logró anular su primer proceso tras descubrir que su defensor ni siquiera era abogado. Las cámaras serían su salvación.

El segundo juicio, con el mismo juez, dio el mismo resultado: 20 años de cárcel. Pero un miembro del tribunal de apelaciones aceptó ver los videos del proceso, en que el testigo reconocía que no vio al acusado matar a la víctima, un detalle que al juez se le pasó incluir en el expediente. Toño, por primera vez presunto inocente, quedó libre tras 842 días de cárcel.

En el México de Toño, esto viene a ser un final feliz.

Una obvia conclusión es que en las cárceles hacinadas de México hay miles de otros presuntos que no tendrán la suerte de protagonizar un documental. Hernández y Negrete llevaban más de una década investigando el sistema de justicia penal (desde antes de conocerse y casarse), y averiguaron que el 95% de las sentencias en el país son condenatorias y que el 92% de ellas no se basan en evidencia física. Muchos acusados ni siquiera llegan a verle la cara al juez.

Pero los abogados-cineastas-activistas también demuestran el poder que tiene una cámara para enderezar entuertos. Al hacerlo, le dan una lección a un periodismo mexicano, sobre todo el televisivo, que muchas veces contribuye a condenar de facto a los presuntos.

Aquí es común desayunar viendo al presunto baleador del futbolista paraguayo Salvador Cabañas o a Kalimba, el cantante acusado de violación, “prestar declaración” ante el conductor estrella del noticiero de Televisa. En él, la tele se hace juez de los casos más estridentes, sin preocuparse por investigar, explicar ni dar contexto. No importa si, como Kalimba, los detenidos son liberados luego por falta de evidencia.

Esta misma semana, los canales de noticias, impermeables a la ironía, pasaban de la polémica por Presunto culpable a las imágenes de presuntos culpables que las autoridades suelen exhibir ante las cámaras apenas son detenidos. No preguntaron si entre ellos había algún Toño.